El decreto 1602 que instituyó la Asignación universal por hijo (AUH) se dictó el 29 de octubre del año 2009. Los efectos en poco más de cinco meses son indiscutibles. Se potenciarán a medida que continúe el flujo para las familias que ya reciben el ingreso y aumente el número de beneficiarios. En febrero de 2010, según datos de la Anses, percibieron la asignación los padres de 3.380.000 chicos. Se estima que en marzo fueron tres millones y medio. Las proyecciones de cobertura futura varían entre 3.900.000 y 4.500.000 menores. La oscilación depende del funcionario que haga la prospectiva y también del alcance de imprescindibles reformas que deben hacerse al decreto y a su reglamentación para no dejar desprotegido a ningún chico en la Argentina. El Ejecutivo tiene en carpeta reparar omisiones o exclusiones de la primera camada que sumarían nuevos beneficiarios. Entre ellos, los hijos de monotributistas de la categoría más baja, los chicos que se eduquen en establecimientos privados gratuitos o que cobran cuotas exiguas, los hijos de presos (ver recuadro aparte). Aun con esas necesarias ampliaciones quedarán pendientes otras mejoras: las que conciernen a las familias de trabajadores de temporada o aquellas que reciben ingresos como prestación accesoria de planes sociales o laborales.
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El impacto y el Estado: El impacto ya es notable, concuerdan funcionarios, académicos de todo pelaje, intendentes y gobernadores de territorios con alto número de pobres. La economía local de ciudades y pueblos ya refleja el cimbronazo del crecimiento del consumo popular. Aunque es prematuro hablar de indicadores precisos, hay consenso acerca de que la AUH bajará en gran medida la tasa de indigencia y, de modo menos drástico, la de pobreza.
La primera respuesta del maltrecho aparato estatal fue satisfactoria, concuerdan integrantes de la Anses y de varios ministerios concernidos. Cuatro ministerios coordinan a diario tareas, con reuniones periódicas desde hace meses: Trabajo, Educación, Desarrollo Social y Salud. Es una dinámica virtuosa, no demasiado corriente en el actual gobierno.
La masiva inscripción distó de ser traumática, dejando de garpe a medios que intentaron una cobertura miserabilista y rebosante de mala onda. En el Ejecutivo cunde la impresión de que fue un acierto poner a la Anses en el centro del dispositivo. Está implantada en todo el territorio nacional y tiene una estructura modernizada, con alto grado de informatización. La reforma del Estado es una tarea formidable, pendiente de realización. Pero merece consignarse que el kirchnerismo obró cambios fundamentales en dos áreas sustantivas para su “modelo” estatalista, protectorio y fiscalista: la AFIP y la Anses. Su afán recaudatorio y su voluntad de ampliar la esfera de protección social exigían organismos a la altura. Se quiso, se pudo. Son buenos ejemplos, no una conducta unánime.
De cualquier modo, la Anses deberá readecuar su estructura, ya que es requerida por otro tipo de ciudadanos. Concebida para otorgar beneficios jubilatorios, tiene sus mayores “fierros” en grandes distritos urbanos o en lugares con muchos trabajadores formales. El universo que la requiere ahora es otro sector de la clase trabajadora: informales, laburantes de bajos ingresos o desocupados como base.
La innovación de derechos más amplia desde que se implantó el voto femenino es un cimbronazo para el Estado. Miremos la educación, sin ir más lejos.
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Más pibes en la escuela: El artículo 7 del decreto 1602/09 ordena depositar un 20 por ciento del importe mensual del beneficio en una cuenta aparte, supeditando su percepción a que los jefes de familia porten certificados que acrediten la escolaridad y la atención sanitaria a los menores. Todavía no se conocen los guarismos precisos de la matrícula escolar de este año, pues los ciclos lectivos recién comienzan e incluso están demorados en un par de provincias. La información cotidiana recibida por los ministerios de Educación nacional y provinciales da cuenta de un importante incremento en las inscripciones.
La subida, informan relevantes autoridades nacionales del área, se verifica en la educación inicial (salas de cinco años) y en la escuela media. La tendencia es lógica, ya que en la primaria la cobertura del sistema frisa el ciento por ciento de los chicos en condiciones de escolarizarse.
Sin números definitivos, Educación monitorea el crecimiento. Viene realizando una encuesta propia, dirigida a “personal de conducción” de las escuelas. Se sondearon 35 jardines de infantes. Un 48 por ciento de los entrevistados observa una suba de la matrícula. El valor promedio estimado es del 28 por ciento, con picos de 30. Todos atribuyen la mejora a la AUH.
Por otro lado, se encuestaron 135 escuelas secundarias urbanas. Los educadores del 57 por ciento de ellas advierten subas. El aumento promedio ponderado es del 20 por ciento, con picos extremos de 50 y hasta 70 por ciento. La mayor movilidad ocurre en los primeros años. El 78 por ciento de los entrevistados atribuye el incremento a la AUH; otros docentes piensan que los cambios de currícula y su divulgación intensa también fueron convocantes.
Muchos de la camada de la secundaria, observan los respectivos docentes, son alumnos que alguna vez pasaron por ella y desertaron. Las familias, ahora, encuentran una mejor ecuación económica y un incentivo para retornar a la escuela.
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Pupitres se necesitan: Ningún “nuevo alumno” debe quedar sin servicio educativo. Allegados cercanos al ministro Alberto Sileoni aseguran que el cuello de botella más arduo tras el aumento de la matrícula no son las vacantes (aunque ha sido necesario crear un Centro de redistribución) ni aún las instalaciones. Están puestas a prueba y será forzoso mejorar las prestaciones, pero lo más acuciante es la falta de mobiliario escolar. La Nación está gestionando grandes compras, en especial de pupitres, para derivarlos a las provincias. También habrá nuevas partidas para remitir dinero fresco con esa afectación.
Los docentes deberán trabajar más, el Estado ponerse las pilas, el sistema certificar millones de libretas destinadas a corroborar el cumplimiento de la obligación de la escolaridad. Son retos derivados de un progreso, innegable pero necesitado de correcciones. El caso de los chicos que asisten a establecimientos de educación privada, sin ir más lejos.
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A no discriminar: Como ya se dijo, el decreto 1602/09 subordina la percepción de un 20 por ciento a la “certificación del cumplimiento” del “ciclo escolar lectivo correspondiente”. La reglamentación restringió ese derecho a los menores que asisten a escuelas públicas. Una mala corrección, que desvirtúa el sentido general de la AUH y el de la carga impuesta a las familias.
Hablemos primero de lo conceptual. La asignación se pretende cuasi universal, las restricciones deben ser excepcionales y muy bien fundadas. En caso de duda, debe concederse el beneficio, en caso de oscuridad legal debe ampliarse la cobertura.
En el tema específico, lo sustancial es la obligación de escolarizar. Más vale que la honran los padres que envían a sus hijos a cualquier colegio. Ese es el espíritu del decreto, desvirtuado por su instrumentación. El sistema educativo valida a todos, sostiene a muchos privados. El cronista discrepa bastante con esa organización y es un devoto de la educación pública, pero cada familia tiene derecho a optar por los establecimientos que mejor le parezcan.
El prurito que motiva esta y otras restricciones es evitar que haya vivillos no necesitados que perciban la AUH. En Anses se suele decir que el alerta fue formulado por el primer nivel de Gobierno. Aun si así fuera, el deber de los funcionarios especializados y responsables es señalar incongruencias, cuando las hay. Y no multiplicar las desprotecciones. Además, el recelo es injustificado si se piensa en grandes números: la burocracia estatal tiene recursos para chequear abusos o fraudes. La AFIP y la Anses capacitan para rastrillar una nueva camada de reclamantes y cruzar data.
Sileoni y su par de Trabajo, Carlos Tomada, instan una modificación que mitigue la discriminación que comentamos. También el ministro de Educación bonaerense, Mario Oporto. Colaboradores muy cercanos a Sileoni dan por hecha la reforma en un lapso breve. Un retoque en la reglamentación, auguran, ampliará la cobertura a los niños y niñas que asistan a las escuelas privadas que no cobren arancel (“cuota cero” en jerga) o que los tengan muy bajos. Se estima que hay entre 400 y 500 escuelas en esa condición, todas subsidiadas por el Estado que las sostiene por un lado y desampara a sus alumnos por otro.
La reforma no será ideal, cree este escriba, pero incluirá a muchos miles de chicos.
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Recelos y privaciones: “Ojo, hay que tener cuidado. Si el sistema es muy laxo podemos terminar pagando a profesionales que trabajan en negro, están inscriptos como monotributistas y ganan mucha plata.” El resquemor no es una creación doméstica. Repite un típico reflejo de derecha frente a beneficios sociales extendidos. Funcionarios con formación ideológica conservadora lo traducen en trabas administrativas con tesón digno de mejores causas. Nuevamente, ante un beneficio cuasi universal es preferible otorgar alguno “de más” que privar a algún menor de su derecho ciudadano.
Siguen sobrando restricciones incorrectas para la AUH, aunque ya se subsanó la de empleadas domésticas formalizadas. Pervive, en cambio, la inequitativa situación de los trabajadores por temporada, que cobran “en blanco”. Son muchos, vinculados a la vendimia y a la zafra, entre otras actividades. Cobran asignación familiar contributiva (sostenida por aportes patronales) pero sólo durante tres o cuatro meses. El resto (la mayor parte) del año quedan desvalidos, lo que contraría el sentido de la norma: en ese lapso es equitativo que se les liquide la AUH. El sistema propende a establecer vasos comunicantes entre las asignaciones familiares contributivas y la AUH, cualquier trabajador debe cobrar una. Este es un ejemplo clavado para garantizarlo.
El monotributo es un buen aliciente para formalizar a ciudadanos de medianos o bajos ingresos, acicateados por tener obra social y jubilación. La AUH deja afuera a los monotributistas, a quienes seguramente les dará tirria haberse blanqueado. Algún vecino o pariente que gane lo mismo que ellos pero esté “en negro” puede acogerse al beneficio. Una incitación a negrear...
En los primeros niveles del Gobierno se asegura que está a estudio, muy avanzada, una modificación legal para ampliar la vigencia de la AUH a los monotributistas de la categoría más baja. Sería un avance justo, masivo, acaso incompleto.
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Mejorar la puntería: En el primer nivel del oficialismo se propaga la satisfacción. Festejan, autocelebran, que la AUH es el plan de ingresos más amplio de América latina, el de mayor cápita, el que destina la proporción más elevada del PBI. Motivos para festejar pero no para dormirse sobre los laureles.
La creación de ese plan de ingresos, en principio, desplaza a otros anteriores. Se enfatiza, “en principio”, porque esa es la tendencia, pero hay supuestos en que el cambio no es posible, porque desguarnece al beneficiario. El más obvio es cuando cobraría menos que en la situación anterior. Con los programas de ingresos más simples y de mensualidad menor, la resolución es sencilla. El Jefas y Jefes de Hogar, que llegó a dos millones y medio de ciudadanos en 2002, está al borde de la desaparición (revistan menos de 20.000 personas), reemplazado por variantes superiores.
Claro que en el verde de la vida hay cruces de planes y programas, cuyo mestizaje se debate en el propio gobierno. Así ocurre con varias acciones del Ministerio de Trabajo que fomentan el empleo, la primera inserción laboral o la reinserción. En varios de ellos hay una prestación dineraria, usualmente de bajo valor absoluto, que no es el objetivo principal del programa. Se discute en el gabinete si esos beneficios transitorios son acumulables con la AUH. Tal es la posición de Tomada y del secretario de Empleo, Enrique Deibe. Arguyen, con razón, que los pagos son interinos, que los planes buscan elevar la condición del trabajador y que no son excluyentes con la AUH.
Entre esos planes, sin agotar la lista, se cuentan:
a) El Programa de trabajo autogestionado, que asiste a empresas recuperadas para sustentarlas y que en algunos casos aporta una mensualidad de $ 600 por trabajador;
b) El seguro de capacitación y empleo que ayuda a desocupados a buscar conchabo, actualizando sus competencias laborales. A la capacitación se añade una mensualidad de $ 225 durante 18 meses y $ 200 un semestre más.
c) El programa “Jóvenes con más y mejor trabajo”, destinado a generar oportunidades de inclusión laboral a ciudadanos desocupados de 18 a 24 años, que tampoco estudian. Se los capacita, se estimula que vuelvan a estudiar. Y se les abona hasta $ 600 por finalización de cursos o de estudio.
A los beneficiarios de esos programas que solicitan la AUH, la Anses les informa que deben renunciar a uno de los dos beneficios. Es una disyuntiva indebida que deriva en una consunción de los programas. Todas son acciones transitorias, de elevación del nivel de trabajadores, ocupados o no. Son derechos de éstos, no de sus hijos, quienes son los titulares de la AUH. Dada su vocación universal, debe desvincularse de las peripecias personales o laborales de los jefes de familia.
Algo semejante ocurre a quienes reciben una pequeña prestación dineraria como parte de planes alimentarios administrados por Desarrollo Social.
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Casos, ejemplos, millones: La incorporación multitudinaria se consumó casi toda en un trimestre. La informatización fue clave, aunque deja aspectos vacantes. La más evidente es la de los chicos indocumentados, cuya cantidad es todavía imposible de cuantificar.
Hay otros problemas que surgen de los cruces informáticos que motivaron una secuela de bajas automáticas, no siempre equitativas.
La novedad determina una casuística que impone abordajes más detallistas. Un funcionario a cargo de la implementación comenta un caso repetido: la madre a cargo de varios hijos que reclama la AUH, que se le deniega porque el padre cobra la asignación familiar contributiva, por estar “en blanco”. La mujer insiste porque el padre no se ocupa de los hijos ni pasa alimentos. Es una escena cotidiana, que conocen asistentes sociales o juzgados de familia. Tanto es así que Desarrollo Social ha designado asistentes para que chequeen la denuncia y busquen, aun por vía judicial, la reparación de la injusticia. El lector atento dirá que ese derecho de la madre regía antes de crearse la asignación. Es así pero –tal parece– muchas no eran conscientes de eso. La divulgación de un nuevo derecho aviva reclamos, espabila a la gente de a pie, vivifica demandas.
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Nuevos ciudadanos con derechos: Sin tener a mano cifras confiables, que acaso puedan extrapolarse de la próxima Encuesta Permanente de Hogares, el cronista resalta tres novedades gratificantes.
Hay decenas de miles de recién nacidos que llegaron a la vida con un derecho bajo el brazo. Quizá sean bastantes más los chicos argentinos de primera generación titulares de ese derecho, congruente con la tradición de acogida a los inmigrantes. Y, a estarse a los cálculos oficiales, más de medio millón de menores recibe por primera vez un beneficio del Estado. A principios de noviembre, el cronista escribió que había millones de razones para alegrarse por la incorporación de la AUH. Repite la frase ahora, aunque dejando a salvo que son imprescindibles reformas y ampliaciones.
Entre tanto, muchos chicos gozan de un nuevo derecho, será difícil privarlos de él. El salto de calidad es tangible, aunque todavía falta hacer camino al andar.
